
Estos cinco jesuitas asesinados fueron Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Amado López, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, así también como el salvadoreño Joaquín López y López. Los asesinaros oficiales y efectivos del batallón Atlacatl, que habían sido entrenados en EEUU, para combatir los insurgentes, en 1989.
Entraron en horas de madrugada en la Universidad centroamericana José Simeón Cañas, y después de sacar a los jesitas, así como a la empleada Elba ramos y su hija Celina, les ejecutaron en los jardines inmediatos.
Los magistrados tomaron esta decisión tras la reciente reforma legislativa española, llevada a cavo por el partido conservador PP, que restringe la aplicación de la justicia universal: ahora un juez sólo puede investigar un delito de lesa humanidad cuando los imputados sean españoles o residan en España. El Parlamento español, dominado por la derecha, aprobó en junio la reforma que limita la capacidad de un juez español a juzgar delitos cometidos fuera de España.
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